El acceso a una vivienda ha dejado de ser un derecho para convertirse en un lujo inalcanzable para miles de almerienses y andaluces. Mientras las familias y los jóvenes sufren la asfixia de los precios, las administraciones gobernadas por el Partido Popular miran hacia otro lado o, peor aún, agravan el problema.

Sin ir más lejos, en la ciudad de Almería, la empresa municipal Almería XXI se ha convertido en una promotora más que construye viviendas a precios de mercado libre, olvidando su verdadera función social. De todos los tipos de vivienda protegida que puede construir, la alcaldesa ha elegido el destinado a rentas más altas. Así, no es de extrañar que el 75% de los interesados renuncie por no poder asumir el coste, que sólo una de cada cuatro viviendas se adjudique a las personas agraciadas en el sorteo y que la mitad de los destinatarios finales de estos pisos y casas sean personas que ni siquiera habían participado en el proceso inicial. De aurora boreal.

A ello se suma el lastre de Moreno Bonilla, con su negativa a aplicar la Ley de Vivienda aprobada por el Gobierno de España, que abarataría considerablemente los precios y permitiría crear bolsas de vivienda pública de alquiler, y su demora en la entrega del Bono Alquiler Joven.

Desde el PSOE planteamos un modelo radicalmente distinto, centrado en la realidad económica de nuestros vecinos y respaldado por el compromiso firme de María Jesús Montero. Soluciones reales y ambiciosas que tendrán un impacto directo y transformador en Almería, como la construcción de 100.000 viviendas en Andalucía, un impulso sin precedentes al parque público de vivienda autonómico. Aquí significaría nuevas promociones a precios verdaderamente asequibles. Y medidas para facilitar la emancipación juvenil, adelantando las ayudas al alquiler y a la compra.

En una ciudad como Almería, donde los jóvenes son los grandes expulsados del mercado inmobiliario, este respaldo autonómico sería un salvavidas vital que ojalá pronto se convierta en realidad. Porque es hora de que las instituciones públicas remen a favor de la gente. Almería y Andalucía merecen políticas de vivienda que construyan hogares, no barreras.