Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da la razón a quienes llevan años denunciando el exceso de ruidos en el Casco Histórico, no hablamos solo de una sentencia: hablamos de personas que han tenido que soportar molestias durante demasiado tiempo y de un Ayuntamiento que, según la resolución, no aplicó las medidas que debía. Y como si eso no bastara, un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía obliga ahora a indemnizar con 150.000 euros a tres vecinas afectadas. Un varapalo judicial —y, sobre todo, una factura— que se paga con el dinero de todos los almerienses.

¿Por qué hay que esperar a que la justicia marque el camino para que el Ayuntamiento cumpla lo que ya le exigen sus propias ordenanzas?  En Almería, en demasiadas ocasiones, la sensación que se transmite es la misma: la alcaldesa parece dedicada a otra cosa. A eventos y actos de lucimiento personal.  Todo eso puede llenar minutos de televisión, pero no mejora el día a día de los almerienses. 

Cuando la gestión falla, el perjuicio no se reparte por igual, pero la cuenta sí. En un caso así, el coste no lo asumen quienes deciden no hacer nada, lo asume quien menos culpa tiene: familias, mayores, trabajadores, comerciantes, gente que paga sus impuestos con la esperanza de que se trabaje para que la ciudad funcione bien.

Lo lógico sería que, tras una sentencia así, ésta se convirtiera en una lección inmediata:  revisar actuaciones, aplicar medidas preventivas, en definitiva, garantizar el cumplimiento de las propias ordenanzas municipales. Eso es gobernar. 

Pero si la política se convierte en espectáculo y la Alcaldía se llena de actos que no responden a lo que preocupa a la ciudadanía, entonces el tiempo pasa y la dejadez crece. Y llega el momento en que lo que empezó como un problema vecinal termina como un expediente judicial y, finalmente, con una cuantía, 150.000 euros, que todos debemos asumir por no hacer lo que tocaba cuando tocaba.

Cuando las ordenanzas no se aplican, el Ayuntamiento no solo incumple; también manda el mensaje de que las normas valen poco, que las denuncias pueden esperar, que quien sufre tendrá que pelear hasta el final. 

Almería merece una alcaldesa que no se esconda detrás de la inercia ni se acostumbre a llegar tarde. Merece que el cumplimiento de las ordenanzas sea una prioridad real, no un tema para titulares. Porque, al final, la ciudad no se arregla con actos y eventos, se arregla con decisiones, con trabajo diario, con criterio y con respeto por la convivencia.