La llegada del verano en Almería no debería ser sinónimo de temor. Sin embargo, para miles de familias de barrios como Regiones, La Juaida, San Luis, Los Ángeles o Piedras Redondas, pulsar el interruptor de la luz se ha convertido en una lotería diaria. No estamos hablando de un capricho para estar más cómodos en casa; hablamos de un servicio esencial, de una necesidad vital que afecta directamente a la salud de nuestros mayores, a la conservación de alimentos y medicamentos, y a la supervivencia de los pequeños comercios locales.

Es hora de decir basta y defender con firmeza la dignidad y la honestidad de los vecinos que sufren estos cortes de luz de manera sistemática. Por supuesto que existen enganches ilegales y, como vemos a diario, las fuerzas de seguridad actúan con contundencia contra el delito. Nadie lo cuestiona. Pero resulta inadmisible y profundamente injusto utilizar este problema como una cortina de humo para tapar la falta de inversión crónica en la red eléctrica de nuestra ciudad. 

No se puede estigmatizar a barrios enteros, donde la inmensa mayoría de las familias cumple religiosamente con el pago de sus recibos, que no son precisamente baratos, bajo el mantra de los enganches. Los almerienses pagan como ciudadanos de primera y no podemos permitir que se les siga tratando como a delincuentes.

Detrás de cada apagón hay dramas reales: una vecina de 83 años atrapada en el ascensor de su bloque en Piedras Redondas o un hostelero de Regiones perdiendo cientos de euros en género de sus cámaras frigoríficas. Ante esto, las administraciones públicas no pueden ponerse de perfil ni limitarse a emitir declaraciones de buenas intenciones.

La Junta de Andalucía, que ostenta las competencias exclusivas en materia de Consumo, Industria y Energía, debe dejar de ser una espectadora pasiva. Es urgente que abra expedientes de oficio y ejerza su capacidad sancionadora para exigir a la distribuidora que modernice unas infraestructuras obsoletas que revientan en cuanto suben las temperaturas. Y la alcaldesa tiene la obligación de recordárselo.

La reactivación de la Mesa Técnica Permanente y la creación de un mapa municipal de incidencias son pasos inaplazables para fiscalizar estas inversiones tan necesarias que tienen que llevarse a cabo. Almería no puede resignarse a los apagones mientras las multinacionales acumulan beneficios millonarios. Defender a nuestros vecinos es, sencillamente, una cuestión de justicia.